En la actualidad, existen diferencias salariales entre unos cuerpos y otros, en detrimento de Policía Nacional y Guardia Civil, que son difícilmente explicables y escapan a toda lógica. Como han denunciado los colectivos que respaldan esta reivindicación, estas diferencias salariales, pueden alcanzar una media de unos 600€ brutos al mes, dependiendo de escalas y puesto de trabajo, con graves diferencias en las horas extras, asistencias a juicios en días libres, pagas extraordinarias y jubilación...etc.
Es una evidencia que las funciones desarrolladas por Policía Nacional y Guardia Civil en todo el Estado en el que son competentes, son (al menos) las mismas que las desarrolladas por las policías autonómicas en sus respectivas ámbitos territoriales. Incluso, en algunos casos, la especialidad y dificultad de algunas de las funciones desarrolladas por los cuerpos de seguridad estatal son manifiestos, pudiendo llegar incluso más allá de las labores ordinarias desarrolladas por el resto de policías autonómicas. No es justo que, en estas circunstancias exista una diferencia salarial que perjudique a los miembros de Policía Nacional y Guardia Civil.
El esfuerzo de todos los cuerpos de seguridad del Estado, junto al resto de policías autonómicas, ha sido el pilar fundamental para conseguir un país mucho más seguro. También el altísimo concepto en el que a nivel mundial se tiene a Policía Nacional de España y Guardia Civil, situándolas entre la fuerzas policiales más profesionales y efectivas del mundo, no se corresponde en absoluto con la actual diferencia salarial que va en su detrimento, al compararlo con los salarios de otras policías autonómicas o locales. En el caso, además, de Zaragoza la labor de Policía Nacional es vital para la seguridad diaria de la ciudad (junto a policía local), y su reconocimiento por parte de los zaragozanos es altísimo.
Jurídicamente, la necesidad de una equiparación salarial es indiscutible, no sólo por los artículos de la Constitución Española referidos al principio de igualdad (artículo 14) y otros relacionados con este supuesto, sino también por los numerosos y contundentes pronunciamientos de los más altos Tribunales españoles y europeos que reiteran estos principios de aplicación. Pero más allá de lo jurídico, esta reivindicación se sustenta en un concepto total de justicia y sentido común.
Por justicia, por igualdad, por su impecable labor, por hacer de nuestro país uno de los más seguros del mundo, por mandato constitucional, legal y jurisprudencial apoyamos plenamente la reivindicación de equiparación de salarios de las diversas policías en el Estado español.
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